Pastoral UCB Santa Cruz: Decisión de censo en 2024 puede radicalizar posiciones y agudizar escalada de violencia
Prensa CEB 12.11.2022.- “La decisión oficial del censo para el 23 de marzo de 2024, en un momento de ánimos caldeados, puede resultar en un detonante para radicalizar las posiciones y agudizar la escalada de violencia”, advirtió la Pastoral de la UCB Santa Cruz en un comunicado titulado La urgencia de la autoridad moral, que no representa la opinión oficial de la Iglesia Católica.
El documento añade que por eso se adhieren plenamente al llamado de los Obispos de la Arquidiócesis de Santa Cruz: “Convocamos a los bolivianos y bolivianas a recapacitar sobre las posibles consecuencias nefastas a las que nos pueden llevar la falta de un acuerdo sencillo, de un diálogo sincero, de un encuentro despojado de intereses particulares (…). exhortamos a todos los responsables de esta situación a anteponer la defensa de la dignidad, la vida y la búsqueda de la paz”.
A continuación, el documento completo:
La urgencia de la autoridad moral
La autoridad es buena y legítima, no solo por su mayoría electoral, sino, y, sobre todo, por la autoridad moral que se la reconoce, tanto en sus adeptos como en sus adversarios. Nuestra Doctrina Social de la Iglesia señala con claridad: Dicha “autoridad debe dejarse guiar por la ley moral: toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral (…) que tiene a Dios como primer principio y como último fin” (DSI, 396).
Es triste constatar que en Bolivia nuestros Gobernantes carecen de la esencia de esta autoridad moral. Ya el 2007, los Obispos Latinoamericanos en la Conferencia Episcopal en Aparecida, denunciaban esta realidad: “(…) Vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que, en ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista. Esto indica que no basta una democracia puramente formal (…) Una democracia sin valores se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo” (DA, 74).
En el plano formal, los valores y principios constitucionales, así como la Doctrina Social de la Iglesia, configuran claramente el buen Gobierno y el perfil de la autoridad pública. Esas fuentes deben traducirse, con carácter de urgencia, en actitudes y conductas de las autoridades en esta nueva crisis política en Bolivia, que son de exigencia moral para que cese la violencia y se preserve el Estado de Derecho:
– Escuchar, de verdad, escuchar a todos, no solo a los que apoyan su posición oficial, escuchar otras alternativas, no por cumplimiento formal para legitimar sus decisiones preestablecidas, sino, para apreciar y asumir la verdad que hay en ellas, en el marco de una sociedad plural. La descalificación es ofensiva.
– Demostrar sensibilidad humana con un pueblo que está demandando un CENSO oportuno (2023) porque cree firmemente que debe haber una redistribución de recursos y de representación política en función de datos actualizados, antes de las elecciones nacionales del 2025 y que, para ser escuchado, está sacrificando su tiempo, su trabajo, su seguridad personal e, incluso, poniendo en riesgo su propia dignidad humana.
– Dar testimonio de humildad para reconocer, con hidalguía, la irresponsabilidad, incompetencia e incumplimiento de deberes formales del Gobierno, personificado en el INE, que es la causa material del actual conflicto. Indigna cuando se culpa a la pandemia y al gobierno transitorio de la inacción. No se olvide que la Constitución señala los principios de oportunidad, celeridad, responsabilidad, eficacia y eficiencia, además, bajo la condición diligente de “servidores públicos”.
– Sostener la verdad, siempre la verdad. Parece que era mentira que todo estaba listo para el CENSO en noviembre 2022 y no se siente que haya confesión del “pecado”, ni contrición ni voluntad de conversión. No se olvide que “el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural (Ver Art. 8, CPE), por eso resulta cobarde y canalla, no solo torcer la verdad, sino mostrar la mentira como verdad y la verdad como mentira.
– Ser gobierno de todos y para todos, independientemente de las opciones políticas, las identidades culturales y vocaciones regionales. No se olvide que, entre los fines del Estado, está “garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo”. (Ver. Art. 9 CPE).
– Garantizar la paz social, tal como la Constitución emplaza: “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz” (Ver Art. 10, CPE), que, en lo mínimo, debe evitar el abuso represivo de la policía y las conductas agresivas de las autoridades que, en vez de contribuir a la pacificación, incendian más la violencia y pueden derivar en detenciones ilegales.
La decisión oficial del CENSO para el 23 de marzo 2024, en un momento de ánimos caldeados, puede resultar en un detonante para radicalizar las posiciones y agudizar la escalada de violencia. Por eso, nos adherimos plenamente al llamado de nuestros Obispos de la Arquidiócesis de Santa Cruz: “Convocamos a los bolivianos y bolivianas a recapacitar sobre las posibles consecuencias nefastas a las que nos pueden llevar la falta de un acuerdo sencillo, de un diálogo sincero, de un encuentro despojado de intereses particulares (…). exhortamos a todos los responsables de esta situación a anteponer la defensa de la dignidad, la vida y la búsqueda de la paz” (Comunicado Obispos de Santa Cruz en Asamblea de Obispos, 11/11/2022)
Santa Cruz, 12 de noviembre de 2022
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